La Xunta trabaja ya en la elaboración de las directrices que permitirán regularizar la inmensa mayoría de las naves industriales construidas en suelo rústico en Galicia, dando cumplimiento a la modificación de la Lei do Solo, que entró en vigor en el mes de abril. Buena parte de las instalaciones que se beneficiarán de la nueva normativa, unas 250, están en la Costa da Morte.
Fue de la comarca, precisamente, de donde partió el empuje necesario para convencer a los tres grupos políticos de la necesidad de dar una salida jurídica a una situación de hecho, y que da empleo a miles de personas. La amenaza de denuncia estaba siempre presente, además de los inconvenientes de no poder hipotecar ni realizar ningún tipo de actividad jurídica sobre estos inmuebles.
El tiempo para legalizar, cumpliendo determinados requisitos, ya está corriendo, con un horizonte ahora de 22 meses. Por ello, miembros de la Plataforma para o Desenvolvemento da Costa da Morte se entrevistaron ayer en Santiago con Encarnación Rivas Díaz, secretaria xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, departamento al que compete desarrollar la norma. Viajaron a Santiago el presidente de Neria, Ramón Vigo; el secretario, Xan García; José Manuel Pose, presidente de la Asociación de Empresarios de Malpica y de Asprocom; José Luis Couto, de los empresarios malpicáns y miembro de la junta directiva de Fecom; Fidel Roget, presidente de los industriales de Vimianzo y secretario de Fecom; el responsable empresarial de Santa Comba y el abogado Carlos Abal, especialista en la materia. La plataforma quería saber en qué situación se encuentran los trámites, dada la urgencia que muchos titulares de naves tienen para legalizarlas definitivamente.
La secretaria xeral les informó de que una comisión trabaja en la actualidad en esas directrices. Está integrada por representantes del colegio de arquitectos, aparejadores, secretarios municipales, notarios y registradores, además de los técnicos de Urbanismo. El objetivo es que los respectivos colectivos estén informados directamente por estos representantes de la manera de aplicar los cambios normativos y agilizar de ese modo la regularización. Así, a la hora de registrar una propiedad, por ejemplo, el titular ya sabrá a qué atenerse.